El pasado 22 de abril, el gobierno peruano puso en marcha la tercera fase del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), una medida que incluye el bloqueo de dispositivos móviles que no hayan sido previamente registrados en una “lista blanca”. Si bien la iniciativa es presentada como una forma de combatir el robo y la comercialización ilegal de celulares, expertos y asociaciones de la industria móvil advierten sobre su ineficacia y los perjuicios que podría generar a los usuarios.
La GSMA, asociación global de la industria móvil, ha manifestado su preocupación frente a la implementación de esta medida en Perú. Según su experiencia internacional, este tipo de herramientas no son efectivas para reducir los hurtos y robos de dispositivos, y por el contrario, suman obligaciones y preocupaciones a los usuarios, funcionando como barreras a la adopción de servicios por parte de nuevos consumidores.
Uno de los principales cuestionamientos a la “lista blanca” es que no elimina los incentivos para el robo, dado que persiste la posibilidad de desarmar los equipos y vender sus partes en el mercado negro. Además, la medida complica la experiencia del usuario al imponerle trámites presenciales para comprar o vender celulares usados, apelar bloqueos en caso de ser víctimas de delitos como la clonación de su equipo, o declarar celulares comprados en el exterior.
A esto se suma la limitación al registro de solo 5 equipos al año por usuario, una restricción que resulta ridícula y arbitraria, especialmente en un contexto donde el cambio y actualización de dispositivos es cada vez más frecuente. Asimismo, se han reportado numerosos casos de falsos positivos por “IMEI clonado”, dejando a usuarios legítimos sin servicio debido a errores en el sistema. Por si fuera poco, algunas operadoras se han negado a registrar ambos IMEI de los celulares, generando aún más confusión y problemas a los consumidores.
La experiencia de otros países de la región demuestra que la “lista blanca” no es una solución efectiva. En Colombia, por ejemplo, la medida fue eliminada luego de que un análisis de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) concluyera que su implementación no había influido sobre los índices del delito. En México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) impidió directamente su implementación por considerar que el bloqueo violaba los derechos del consumidor. Y en Ecuador, durante la pandemia se resolvió detener los bloqueos por considerarlos una barrera para el uso de servicios.
Si bien el objetivo del gobierno peruano de garantizar la seguridad de los usuarios es loable, la “lista blanca” parece ser una medida mal concebida y peor implementada. La lucha contra el robo de dispositivos requiere un abordaje integral por parte de todos los actores involucrados: operadores, fabricantes, reguladores, usuarios y, sobre todo, los agentes de gobierno encargados de la seguridad nacional. Antes de seguir adelante con una iniciativa que genera más problemas que soluciones, sería prudente evaluar seriamente su costo-beneficio y explorar alternativas basadas en la cooperación y la ejecución de responsabilidades de cada parte. Los usuarios peruanos merecen medidas que realmente los protejan, no más trabas y complicaciones en su día a día.