El reciente comunicado emitido por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ha generado diversas reacciones entre los usuarios de telefonía móvil en el Perú. A partir del 22 de abril de 2024, se implementará un sistema de registro de equipos celulares, dividiendo el mercado en una lista blanca de equipos válidos y una lista negra de equipos bloqueados. Si bien el objetivo de esta medida es desincentivar el robo de celulares, existen varios puntos cuestionables que merecen ser analizados.
Uno de los aspectos más polémicos es la limitación de cinco equipos por persona al año para aquellos adquiridos en el extranjero. Esta restricción no solo afecta la libertad de los usuarios para disponer de sus bienes, sino que también desconoce situaciones comunes, como cuando un esposo le regala un celular a su esposa o cuando un padre compra equipos para sus hijos o también a los peruanos que viajan con frecuencia fuera del país o que tienen familiares en el exterior que les envían equipos. Además, el registro debería ser realizado por la persona que efectivamente usará el equipo, lo que genera complicaciones adicionales.
Otro punto preocupante es la aparente criminalización del “mercado gris”, conformado en su mayoría por pequeños emprendedores que buscan generar ingresos adicionales. En lugar de facilitar mecanismos para su formalización e importación legal, pareciera que la regulación apunta a que el mercado quede en manos de las grandes empresas importadoras y operadoras, limitando la competencia y las opciones para los consumidores.
Es importante destacar que el robo de celulares es un problema grave que requiere medidas efectivas. Sin embargo, la implementación de este registro plantea interrogantes sobre su eficacia real. Los delincuentes siempre encuentran formas de evadir los controles, como la clonación con códigos IMEI válidos del extranjero, pero no registrados en la lista blanca o la venta de equipos completos o por piezas al exterior. Además, el bloqueo de equipos legítimamente adquiridos por los usuarios genera una sensación de injusticia y vulneración de derechos.
Antes de aplicar medidas restrictivas, sería conveniente que Osiptel y las autoridades competentes evalúen alternativas más integrales y menos invasivas. Por ejemplo, fortalecer la cooperación con las entidades financieras para bloquear rápidamente las tarjetas y cuentas asociadas a los equipos robados, mejorar los sistemas de seguridad en los celulares, e intensificar las campañas de concientización para evitar la compra de equipos de dudosa procedencia.
En conclusión, si bien combatir el robo y la comercialización ilegal de celulares es importante, su implementación genera cuestionamientos sobre su efectividad y su impacto en la libertad de los usuarios. Es necesario evaluar alternativas que protejan a los usuarios, faciliten el comercio formal de equipos importados y se enfoquen en desarticular las mafias de robo en lugar de afectar a pequeños emprendedores y compradores. El debate sobre esta polémica norma recién empieza y solo a través de un diálogo abierto y constructivo entre todas las partes involucradas se podrá encontrar una solución que beneficie a la sociedad en su conjunto.
